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Personas que no nos conocemos personalmente y que, juntas, financiamos un proyecto. Es el funcionamiento del crowdfunding inmobiliario, un instrumento que ha crecido con fuerza durante los últimos años gracias a la tecnología y que sin duda crecerá aún más de cara al futuro.
No ver personalmente a quién gestiona la inversión realizada o al resto de socios puede generar cierta incertidumbre, ¿verdad? ¿Cómo se aseguran tus derechos como inversor? ¿Y cómo puedes estar seguro de que todo se realiza correctamente?
Crowdfunding y ley de fomento de la financiación empresarial
Afortunadamente para todos, el crowdfunding está perfectamente regulado en España a través de una ley de 2015, en la que se detalla cómo debe ser el funcionamiento de todos los aspectos que pueden preocupar a un inversor.
La norma 5/2015, aprobada el 27 de abril de ese año, se denomina Ley de fomento de la financiación empresarial. En su exposición de motivos, la regulación advierte de los riesgos de una “fuerte bancarización” en la economía española y apunta a la finalidad de “avanzar en el desarrollo de medios alternativos de financiación, sentando las bases regulatorias necesarias para fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o financiación no bancaria en España”. El coworking ha llegado a España, en definitiva, como una nueva vía de financiación para las empresas y los proyectos y como una alternativa de inversión transparente y accesible.
Régimen Jurídico de las Plataformas de Financiación Participativa
En torno al crowdfunding, el título V de la norma establece el régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa, estableciendo unos claros requisitos de registro y autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para operar como plataforma de crowdfunding hay que obtener antes el visto bueno del estricto regulador bursátil español. La norma regula también la actividad de las entidades autorizadas y clarifica las normas aplicables a los agentes que utilicen este nuevo canal de financiación. En wecity estamos debidamente autorizados e inscritos en la CNMV con número de registro 30
Entre otros aspectos, un requisito para operar como plataforma de crowdfunding es contar con un capital social mínimo de 60.000 euros desembolsado íntegramente en efectivo. Además, se establece en cinco millones de euros la cantidad máxima que se puede captar mediante crowdfunding en proyectos dirigidos exclusivamente a inversores acreditados o profesionales.
La ley regula qué características deben tener los proyectos de financiación para poder considerarse crowdfunding o los tipos de financiación que se prevén. También dice claramente qué no podemos hacer las plataformas de financiación participativa, como por ejemplo realizar recomendaciones personalizadas a los inversores, asegurar a los promotores la captación de los fondos o proporcionar mecanismos de inversión automáticos que permitan a los inversores no acreditados automatizar su decisión de inversión. Las plataformas como wecity tampoco podemos ejercer las actividades reservadas a las entidades de pago.
