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Tras la aprobación de la Ley 5/2015 de 27 de abril, fomento de la financiación empresarial, las plataformas de financiación participativa han mostrado el desacuerdo con los límites de la norma. Si bien se trata de una ley para todo el territorio español, que permite centralizar y unificar las actividades comerciales relacionadas con la financiación participativa, el aspecto internacional queda totalmente opacado.
Con el avance de la tecnología en un mundo cada vez más globalizado, un reglamento estatal para esta clase de actividades significa poner un muro a toda la captación de capital extranjero o cualquier intento de expansión internacional por parte de las plataformas. Cuando el canal de operación es internet, se torna muy complicado atraer a los extranjeros, sobre todo europeos, cuando no existe una normativa conjunta. Las empresas que necesitaban financiación, años atrás se veían obligadas a actuar solo en España, de tal forma que omitían automáticamente cualquier oportunidad de captar fondos, incluso de países vecinos como Francia o Portugal.
Reglamento europeo
Ya en 2018 la Comisión Europea puso encima de la mesa una hoja de ruta donde el crowdfunding era protagonista para los países europeos. De este modo, años más tarde, se publicó de forma oficial el Reglamento UE 2020/1503, una norma conjunta que afecta a todos los miembros de la Unión Europea que
cuya finalidad es regular las actividades de crowdfunding en el ámbito europeo, facilitando varios trámites burocráticos y aportando libertad a la circulación del capital de una forma transnacional.
Desde la aprobación del reglamento europeo a finales de 2020, la normativa crowdfunding en España se rige por dicha norma, dando un margen de un año de transición para conseguir generar nuevos protocolos y asimilar las nuevas formas de actuar. De esta forma, en Europa se ha conseguido aplicar unas normas comunes, que definen conceptos y actividades de forma común, donde todas las plataformas puedan expandirse con más facilidad y satisfacer las necesidades de empresas extranjeras que solicitan financiación participativa.
Novedades
Algunas de las novedades a tener en cuenta en este nuevo reglamento, no solo responden a mayor libertad de captar fondos más allá de una frontera nacional, si no que hacen hincapié en distintas definiciones tratando de generar una norma más justa. Un ejemplo de ello es la protección de los inversores no profesionales. De este modo, la normativa crowdfunding en España norma exige a toda plataforma crear un espacio donde ofrezcan información adicional de las actividades que realizan.
El nuevo marco impuesto, mejora la calidad de información que debe estar a disposición del inversor no profesional, conceptos tales como: riesgos de inversión, actividades que se realizan, o analizar sus conocimientos financieros. Un ejemplo de ello se puede observar en cómo las plataformas especifican y
dividen los inversores en dos tipos, los acreditados y no acreditados, como es el caso de wecity, homólogos del inversor sofisticados y no sofisticado expuestos en el reglamento europeo.
Los no acreditados son los más beneficiados de esta nueva norma, que persigue el desconocimiento y actividades fraudulentas por parte
de plataformas no autorizadas por la CNMV.
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